El camino a seguir está en la propia Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) y en los criterios establecidos por el JNE:

  1. Ante la sentencia condenatoria efectiva dictada contra el gobernador Walter Aduviri, de acuerdo con el artículo 23 de la LOGR, a quien le corresponde ASUMIR INTERINAMENTE LAS FUNCIONES COMO GOBERNADOR ES EL ACTUAL VICEGOBERNADOR. En efecto, estamos ante un caso de ausencia del gobernador titular quien se encuentra no habido.
  2. Seguidamente, el CONSEJO REGIONAL DE PUNO DEBERÁ DECLARAR FORMALMENTE LA SUSPENSIÓN DEL GOBERNADOR y la encargartura al vicegobernador. Esto además porque es atribución del consejo conforme al artículo 15.g de la LOGR declarar dicha suspensión. Para ello, el consejero delegado deberá convocar inmediatamente a sesión extraordinaria a fin de tratar este tema (si no lo quiere hacer, pueden solicitar convocatoria un tercio de los consejeros). Si el consejo aún no cuenta con copias certificadas de las piezas procesales pertinentes, deberá solicitarlas al juez penal. No es cierto, como escuche comentar por ahí, que se tenga que esperar que el juez remita las copias. El consejo las puede pedir por la urgencia del caso (el caso lo amerita porque el vicegobernador necesita su credencial para ejercer plenamente sus funciones). Con dicha documentación, el consejo estará en condiciones de aprobar la suspensión de Walter Aduviri como gobernador.
  3. Es NECESARIO QUE SE SOLICITE AL JNE LA ACREDITACIÓN DEL VICEGOBERNADOR a fin de que pueda ejercer plenamente sus funciones como gobernador. El JNE no puede pronunciarse directamente, tiene que esperar el pronunciamiento del consejo. Si el consejo rechaza o no declara la suspensión del gobernador, cabría interponer recurso de apelación para que se pronuncie el JNE. El JNE expedirá la credencial al vicegobernador para que asuma como gobernador mientras se resuelva la situación jurídica de Walter Aduviri.
  4. Aún no se puede hablar de la vacancia del gobernador. La vacancia procede frente a sentencias condenatorias consentidas o ejecutoriadas. El proceso penal que se le sigue al gobernador está aún primera instancia. Queda buen camino procesal por recorrer para que estemos ante una sentencia ejecutoriada.

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