El ministro peruano de Cultura, Luis Jaime Castillo, anunció que la Corte Superior de Justicia de Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, declaró infundada la demanda de la familia Abrill, que afirmaba ser la legítima propietaria de las 13,000 hectáreas donde están los restos arqueológicos.

Por ello, las hermanas Roxana y Victoria Abrill pedían, además, al Estado peruano una indemnización de 100 millones de dólares por el uso de esas 13,000 hectáreas de tierras para la explotación turística.

La demanda de las hermanas Abrill fue interpuesta el 2003, cuando iniciaron este prolongado litigio que este martes consumió la etapa en la Corte Superior de Justicia de Cusco.

Castillo recordó, en declaraciones a la Agencia Efe, que en Perú «el patrimonio cultural arqueológico es propiedad del Estado, y a veces esa propiedad se disputa».

«Al final ha primado el derecho inalienable de todos los peruanos de defender aquellos baluartes de nuestro patrimonio cultural como Machu Picchu», aseveró.

40 años de demandas judiciales

El ministro precisó que, en el caso de la joya arquitectónica de los incas, ha habido durante los últimos cuarenta años diferentes demandas de familias que en su momento tuvieron algún tipo de propiedad o posesión en la zona de Machu Picchu.

«Antiguamente fueron haciendas de familias que las vendieron y existían muchos títulos superpuestos. Ellos reclamaban la propiedad y a veces también una indemnización fabulosa», apuntó.

Para el titular de la cartera de Cultura estos litigios «siempre han sido una espada de Damocles para el Estado peruano».

«Si lo ganaban ellos teníamos que devolverles Machu Picchu», reconoció.

En abril de este año la Corte Suprema de Justicia ya emitió una sentencia similar en el litigio iniciado el 2005 por la familia Zavaleta Zavaleta, que reclamaba la propiedad de los terrenos que rodean Machu Picchu, un total de 22,000 hectáreas donde se encuentra la red de caminos incas que conducen a la ciudadela.

Comentarios