Militares que ocuparon altos mandos de la Marina de Guerra, así como juristas de primer nivel, enviaron sendos pronunciamientos a favor de la estabilidad democrática, frente a los anuncios de protestas.
Unión Naval solicitó públicamente al Congreso de la República que se corrija el error del 2005, cuando se eliminó de la Ley 26859 “Ley orgánica de elecciones”, la obligación de que uno de los ejemplares del acta electoral de cada mesas quedara en custodia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Denuncias de fraude
En ese sentido, la asociación de uniformados recordó que en los últimos comicios generales siempre ha habido polémica, lo cual ha llevado a críticas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Numerosos reclamos por falsificación de firmas, suplantación de votantes, votos de personas fallecidas, adulteración de actas de votación, adulteración de cédulas de sufragio, etc.”, indicaron.
Unión Naval incluso criticó que Piero Corvetto, aún jefe de la ONPE, “sospechosamente quizás por intereses oscuros, se negó a entregar las actas electorales para ser verificadas, lo que no hubiese sucedido de existir el acta electoral de las FFAA”, en 2021.
Asimismo, desmintieron argumentos de sectores comunistas, de que los militares no pueden custodiar material de comicios porque ahora votan, ya que el personal de la ONPE y del JNE también lo hace, y nadie pide excluirlos por esa razón.
Tocaría a la Comisión de Constitución promover esta reforma, a fin de acabar con el secretismo que Corvetto y Jorge Salas Arenas impusieron a los peruanos.
Conforme a carta magna
Por otro lado, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, integrada por destacados juristas de diferentes tendencias políticas, jurídicas y sociales, detalló que el actual gobierno de Dina Boluarte cumple con los requisitos para entregar la posta luego de elecciones generales el 2026.
Recordaron que el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo cometió un flagrante golpe de Estado, por lo cual se procedió a vacarlo y reemplazarlo. “Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado”, precisaron los abogados.
“Es nuestra obligación cívica respetar esa decisión (…) por la gobernabilidad, la estabilidad democrática“, agregó la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.
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