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El Juez del Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca, Andrés Carita Quispe, ha emitido una sentencia en la que responsabiliza a diversas entidades del Estado por las condiciones insalubres e indignas que sufren los habitantes de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto debido a la contaminación del río Torococha.
Las entidades mencionadas en la sentencia incluyen el Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDA Juliaca y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La demanda constitucional de amparo fue presentada en el año 2017 por los residentes de los mencionados distritos debido a graves violaciones de los derechos humanos, como el derecho a la dignidad humana, a la vida, a la salud, al acceso al agua potable y al disfrute de un entorno adecuado y equilibrado.
En 2018, la Dirección Regional de Salud de Puno confirmó que los pozos de agua destinados al consumo humano en estos distritos contenían metales pesados, incluyendo arsénico, manganeso, boro y sodio, además de coliformes fecales y bacterias escherichia coli.
La Autoridad Nacional del Agua también verificó la presencia de metales pesados en las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca Coata. Desde 2020, se han realizado análisis de sangre para metales pesados a los residentes de Coata, Capachica, Caracoto y Huata, y se han identificado niveles de arsénico y mercurio en personas de todas las edades.
Después de seis años, el Segundo Juzgado Civil de Juliaca emitió la sentencia N° 183-2023, que ordena a las entidades estatales la implementación de un sistema de tratamiento y purificación de agua apto para el consumo humano, la suspensión inmediata del vertimiento de aguas residuales, la construcción de una planta de tratamiento y otras medidas destinadas a abordar la crisis de salud pública en estos distritos.
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